Reforma Tributaria: Un dolor justo y necesario

Por: Juan Camilo Rojas Arias: Abogado candidato a Doctor, con Máster en derecho económico y políticas públicas e internacional (LLM), Especialista en derecho comercial con profundización en el área de derecho económico, internacional y de la administración pública. 

Los impuestos son algo tan propio de la estructura de la sociedad que desde la Biblia podemos encontrar referencias a los diezmos como mecanismos de distribución social y de sostenimiento de la iglesia. La fe y la contribución pública eran un dogma que se servía en la misma. En la edad media se recogió esa fe y se instrumentalizó bajo el pragmatismo de una relación reciproca de dar y recibir entre los ciudadanos y quienes ostentaban el control, bien sea señores feudales o Estado.

Esta relación de fe y contribución terminó en una evolución progresiva de demandas sociales en cabeza de los Estados. Particularmente en nuestro caso – Colombia- luego de la reforma constitucional del 91, en su ánimo pluralista y garantista, creó sin buscarlo un marco conflictual entre el deber ser y el poder ser. Progresivamente al establecerse un amplio abanico de garantías humanas y sociales llevó a un aumento constante del gasto público dando escenarios desafortunados de elección y puja entre derechos que “económicamente” compiten entre sí, dando lugar a un problema estructural de déficit fiscal enmarcado en la disyuntiva del deber ser como sociedad, dilema que oscila entre la justicia distributiva y el manejo fiscal óptimo.

Así, entre la construcción de realidades “justas”, garantismo social, crecimiento del Estado, gasto público – aproximadamente el gasto del gobierno nacional central entre 1991 y 2021 paso del 11 % al 24% del PIB, aclarando que los años 2020 y 2021 el promedio subió cerca de 5 p.p- hemos entrado en situaciones déficit. Dando lugar a una historia fiscal un tanto extensa, cuya principal causa de creación es la coyuntura, permitiendo evidenciar, en promedio, que en Colombia se realiza una reforma tributaria aproximadamente cada 2 años.

En este marco conceptual de derechos, se han gestado situaciones sociales poco optimas, derivadas de consecuencias desafortunadas, algún producto del azar público, otras de la antitécnica, otras cuantas, de los cálculos políticos predeterminados, que han generado inequidades fiscales que una pandemia inesperada hizo evidente.  Por ejemplo:

La tributación de personas naturales es injusta e ineficiente. Se grava poco y a pocos. Se debe extender la base de contribuyentes y ajustar las tarifas más cercanas al promedio de la región. Un país se torna sobre el aporte de todos, no sobre el sacrifico de los extremos de la sociedad, el decil 1 y el decil 10.

Debemos quitarnos el sesgo que las empresas son fuentes de impuestos. No, las empresas son fuentes de trabajo y crecimiento económico agregado que aportan impuestos, pero aportan más bienestar moviendo la economía. Debemos cuidar nuestro sector empresarial. No podemos estructurar una sociedad que viva del Estado y sus subsidios.

La fragilidad de los deciles con menos ingresos de nuestra sociedad, requieren un esfuerzo decidido de todos para conjurar estos momentos de cortes en la economía.

Los impuestos son inevitablemente dolorosos, de manera que el diseño óptimo de una ecuación tributaria siempre pasará más por desavenencias que por acuerdos, ya que todos queremos pagar menos, pero queremos más servicios y bienes públicos, en esa discusión, siempre se ingenian brillantemente argumentos para que los demás deban pagar más, mientras que el Gobierno siempre está en procura de recaudar más y en teoría redistribuir mejor.

En este escenario de intereses electorales, personales y corporativos está girando el debate de la actual reforma tributaria. Los partidos políticos tienen una carta interesante por mostrarnos -su coherencia política e ideológica- ya veremos que queda.