La pensión de vejez a lo largo del tiempo ha sido una prestación que ha sufrido algunos cambios respecto a los requisitos para su reconocimiento, tales como la edad, el tiempo de servicios y el número de semanas de cotización, y es que el ordenamiento jurídico ha tenido que adaptarse a los cambios que van surgiendo en la sociedad.

Cuando hablamos de la pensión de vejez y los aportes, todos pensamos en aquel momento en el que nuestra fuerza laboral se vea disminuida y ya no contemos con la misma capacidad o disposición para realizar las funciones propias de nuestros cargos y tengamos la necesidad de retirarnos del servicio a disfrutar del retiro y dedicarnos a actividades que nos generen bienestar y tranquilidad.

Sin embargo, cada vez son menos las personas que logran obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, debido a que en muchas ocasiones no se ha tenido el hábito de efectuar aportes a pensión y a las pocas posibilidades que tienen los ciudadanos de obtener un empleo formal. Tal como lo demuestran las cifras del DANE, donde se evidencia que en nuestro país tan solo para el año 2020 se cerró con una tasa de informalidad del 49% y el desempleo se ubicó en 15.9%.

No obstante, es importante resaltar que, en cumplimiento del principio de solidaridad del sistema, con la creación de la Ley 100 de 1993, se buscó garantizar una pensión a aquellas personas que cumplieran con los requisitos para el reconocimiento pensional establecida en el artículo 35 de dicha ley, la cual regula el monto mensual de la pensión mínima de vejez indicando que este no puede ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente, que para este año tiene un valor de $908.526.

En el régimen de prima media administrado por Colpensiones, encontramos que los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez son: la edad y las semanas de cotización, que corresponden a 57 años en el caso de las mujeres, 62 años para los hombres y 1300 semanas de cotización y frente al ingreso base de cotización, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, se encuentra establecido que el valor total de la pensión no podrá ser inferior al 85% de la base de liquidación, ni inferior a un salario mínimo.

Respecto al monto mensual de la pensión, este corresponde al número de semanas mínimas de cotización requeridas, es decir, 1300, y será equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación del afiliado, que en la mayoría de casos corresponde al salario mínimo. Por tal razón, la garantía de pensión mínima evita que las personas obtengan un reconocimiento pensional correspondiente al 65% de un salario mínimo, y por esto el Estado cubre el faltante para logra obtener el 100% de este.

Por otra parte, encontramos que el régimen de ahorro individual administrado por las administradoras de fondos de pensiones privados tienen un manejo diferente de los aportes efectuados por los afiliados, toda vez que bajo esta modalidad la pensión de vejez se reconoce con base en el monto ahorrado por el trabajador durante toda su vida laboral, por lo que solamente se necesita que dicho capital ahorrado sea suficiente para financiar la mesada pensional durante el tiempo de vida probable que tenga el afiliado.

Es por esto, que encontramos que en este régimen de ahorro individual los afiliados además de realizar las cotizaciones obligatorias también pueden hacer cotizaciones voluntarias, en aras de obtener una mesada pensional más elevada, sin embargo existen muchos casos en que los trabajadores no logran reunir el capital suficiente para financiar su pensión y es allí cuando se enfrentan a la difícil situación de  efectuar la solicitud de devolución de sus saldos, en caso de que no les sea posible optar por el reconocimiento de la garantía de pensión mínima.

La garantía de pensión mínima, es la prestación que se reconoce a los afiliados de los fondos privados que cumplen con la edad de pensión y con un número de 1.150 semanas cotizadas, pero cuyo capital no es suficiente para financiar la pensión y asegurar por lo menos un ingreso en la vejez, con recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

De acuerdo con el criterio de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SL 20 feb. 2013, rad. 41993, reiterado en sentencia las administradoras de pensiones dentro de la prestación del servicio público de la seguridad social previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, tienen el deber de verificar si sus afiliados tienen la posibilidad de ser acceder al reconocimiento de la garantía de pensión mínima y adelantar los trámites necesarios para su reconocimiento.

En consecuencia, los afiliados deben acercarse a la administradora de fondos de pensiones donde efectúan sus aportes, con el fin de que estás le permitan tener claridad sobre el número de semanas cotizadas o el capital con el que cuentan para el financiamiento de la pensión de vejez, con el fin de verificar que el empleador haya efectuado los aportes con relación al tiempo laborado y de esta manera saber si cumplen con los requisitos para que les sea reconocida la garantía de pensión mínima o en su defecto para solicitar la devolución de los aportes realizados en la cuenta individual.

 

Lady Rocío Suárez Castro

Abogada Especialista en Derecho laboral y Seguridad Social

Universidad Libre de Colombia.

Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo

Universidad Católica de Colombia.