A raíz de la pandemia generada por el COVID-19, en nuestro país se evidenció la crisis del sector salud, no sólo económica y laboral, sino también la escasez de personal sanitario, ya que de acuerdo con las cifras de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia ocupa los últimos puestos en cuanto al número de médicos y enfermeras, estableciendo que hay 1.3 enfermeras y 2.2 médicos por cada mil habitantes.

De igual forma, la pandemia, ha dejado al descubierto la precarización laboral y salarial de los trabajadores de la salud, ya que como lo han denunciado en los últimos meses diferentes asociaciones y sindicatos del sector salud, la gran mayoría de los profesionales se encuentran vinculados mediante contratos de prestación de servicios, y solamente un 15% se encuentra vinculado mediante un contrato de trabajo con la red pública hospitalaria.

La crisis económica y laboral, del sector salud ya era conocida por todos, incluso antes de que se presentara la pandemia, toda vez, que el personal de la salud de diferentes poblaciones de nuestro país han denunciado públicamente en numerosas oportunidades que durante  varios meses no han percibido sus salarios, y en tiempos de Covid-19, estos trabajadores no han abandonado sus labores a pesar de no recibir su salario, como quedo en evidencia en el mes de abril cuando los médicos del Hospital San Juan de Dios de Cali, manifestaron que llevaban más de cinco meses sin recibir sus sueldos.

Por otra parte, encontramos que por esta época la situación del personal sanitario, se torna más difícil, ya que en los casos en que los profesionales de la salud han resultado contagiados el pago de sus incapacidades se ha convertido en todo un suplicio, debido a que los envían a aislamiento durante quince (15) días, mientras se tiene el resultado de la prueba, sin percibir ningún ingreso y deben esperar a que la ARL adelante la investigación correspondiente para verificar si el contagio se dio como consecuencia del cumplimiento de las funciones propias de su cargo, para proceder con el reconocimiento de la misma, es decir que durante el período de aislamiento las familias de estas personas no cuentan con los ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y más si se tiene en cuenta, que es un gran porcentaje del personal salud el que está conformado por madres cabeza de familia.

Para mitigar, esta problemática el Ministerio del Trabajo, expidió el Decreto 676 de 2020, por medio del cual se incluye al Covid-19, como una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales para los trabajadores de a salud, señalando que se deben reconocer las prestaciones asistenciales y económicas de origen laboral desde el momento del diagnóstico sin que se requiera la determinación del origen en primera instancia o dictamen expedido por las juntas de calificación.

Adicionalmente, el incumplimiento por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales en la entrega de los elementos de protección personal ha contribuido a que en nuestro país actualmente, tengamos cifras de personal de primera línea de atención a pacientes con Covid-19, contagiados dentro de los cuales 11 han fallecido hasta el momento y existen 915 casos de contagios, entre los que se encuentran 318 auxiliares de enfermería, 130 enfermeras y 185 médicos, 58 administrativos, 33 personas dedicadas al aseo y alimentación, 27 terapeutas respiratorios, según el reporte del Instituto Nacional de Salud.

Además, se evidenció que existe una relación entre los trabajadores de la salud contagiados con Covid-19 y el tipo de vinculación, ya que quienes cuentan con un contrato laboral tienen mejores condiciones que los vinculados por medio de un contrato de prestación de servicios, tal como se evidencia en el Boletín  No. 2 de la Mesa de Monitoreo Critico de Condiciones de Bioseguridad del 18 de mayo de 2020, emitido por 20 asociaciones del sector salud, que han venido realizando una encuesta , en aras de efectuar el monitoreo de las condiciones en las que el personal de la salud, están afrontando esta pandemia, tanto laborales como de bioseguridad.

Del resultado de dicha, encuesta han evidenciado que el 42% del personal sanitario no cuenta con las condiciones laborales dignas ya que, si bien ha aumentado la vinculación de trabajadores de la salud en el sector público, continúa siendo mayor el porcentaje de vinculados a instituciones privadas.

De igual manera, los encuestados han señalado que las ARL no están entregando los elementos de protección al personal sanitario, en otros casos, lo entregan incompleto, lo que ha generado que en algunos centros hospitalarios dichos elementos no sean de uso personal, y que ante la escasez deban compartirlo. Estas situaciones, ya han sido puestas en conocimiento de los entes de control, toda vez que los mismos se han pronunciado al respecto a través de comunicados de prensa, como el efectuado por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, quienes señalaron que finalizando abril solamente 1.454 IPS de 10.679, habían recibido los implementos de bioseguridad por parte de las ARL. señalaron que finalizando abril solamente 1.454 IPS de 10.679 habían recibido los implementos de bioseguridad por parte de las ARL.

En consecuencia, se han presentado diferente brotes de Covid-19, que han generado el cierre temporal de varios servicios hospitalarios como la UCI del policlínico del Olaya, el servicio de urgencias de la Clínica psiquiátrica de la Paz, la UCI de la Clínica Corpas, la Clínica Apartadó en el Urabá, la Clínica de los Rosales en Pereira, la Clínica Amán y Santa Ana de Manizales por la falla en la atención a  un paciente con Covid-19, el Hospital de Sahagún y la Clínica de la Policía en Tunja.

Por esta razón, ya se han interpuesto varias acciones de tutela por parte de trabajadores de la salud quienes solicitan la protección de sus derechos, dentro de estos fallos encontramos el proferido el quince (15) de mayo de 2020, por el Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá, en el que se “ordena al Ministerio de Salud y la Protección Social a las ARL: Axa Colpatria, Colmena, Liberty, Equidad, Sura y Positiva, que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del fallo procedan a garantizar junto con los empleadores de manera integral el suministro de elementos de protección personal para el personal de la salud  según el área de atención para COVID-19. Consenso IETS-ACIN, de manera permanente y constante hasta el momento en que Colombia supere el COVID 19, otorgando el efecto Inter Comunis para que sea aplicable a todo el grupo de personas pertenecientes al personal de la salud que laboran en clínicas y hospitales del territorio nacional, previo el reporte de los empleadores, de la cantidad de trabajadores en cada clínica y hospital del territorio nacional.”

Por otra parte, a pesar de que el Gobierno Nacional  a través del Decreto 538 de 2020, hizo un llamado a  todo el talento humano en salud que se encontrara ejerciendo o en formación, es decir en último semestre, para que esté preparado y disponible en caso de ser requeridos para prestar sus servicios, reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país; se ha evidenciado que existe un gran porcentaje de profesionales de la salud que se encuentran desempleados a la fecha  y que en los casos en que los trabajadores de la salud han sido diagnosticados con el virus, no se ha contratado más personal para que lo supla, sino que por el contrario los trabajadores que ya se encuentran vinculados deben trabajar turnos hasta de más de 20 horas, por lo que son más propensos a contraer el virus y a cometer errores en la atención de los pacientes.

Así las cosas, la emergencia ocasionada por el Covid-19, ha dejado en evidencia la precarización laboral del sector salud, que necesita urgentemente que el Gobierno Nacional, le otorgue un régimen laboral especial que garantice la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la salud.