Las empresas están obligadas a actuar con transparencia, diferenciando lo público de lo privado y orientando al ciudadano hacia las fuentes oficiales de información, so pena de ser tuteladas por falta de claridad y suficiencia.
.derechos fundamentales de petición y al debido proceso.la sala quinta de revisión de la corte constitucional examinó si la respuesta emitida por la sociedad solla s.a. frente a una solicitud de información formulada por un ciudadano vulneró los derechos fundamentales de petición y acceso a la información. el análisis se circunscribió estrictamente al contenido del escrito presentado el 11 de marzo de 2025 y a la respuesta inicial de la empresa, descartando las ampliaciones introducidas en la tutela y los debates posteriores sobre cumplimiento en desacato. la corte concluyó que la primera contestación fue insuficiente, evasiva y carente de motivación, pues se limitó a invocar normas sobre secreto empresarial sin distinguir entre información pública y reservada ni indicar las fuentes de acceso para la información no sometida a confidencialidad. ello configuró la vulneración del núcleo esencial del derecho de petición, consistente en recibir una respuesta clara, oportuna, congruente y de fondo. si bien solla s.a. emitió posteriormente, tras orden judicial, una respuesta más completa y estructurada —clasificando la información en pública y reservada, identificando fundamentos normativos de reserva y orientando al solicitante hacia las autoridades competentes—, la corte enfatizó que dicho cumplimiento sobreviniente no enerva la vulneración inicial, en tanto la lesión del derecho se consumó con la respuesta original. en sede de revisión, la corte confirmó además la validez jurídica de la negativa parcial de información protegida por secreto industrial o comercial, a la luz del artículo 260 de la decisión 486 de la comunidad andina, los artículos 24 y 25 de la ley 1755 de 2015 y la reserva tributaria prevista en el artículo 583 del estatuto tributario, destacando que la reserva no compromete la salud pública ni la inocuidad alimentaria, pues la inspección y control técnico corresponde al ica. confirmar. m.p. jorge enrique ibáñez najar. documento disponible al público a partir del mes de enero de 2026. temas: acceso a información,derecho comunitario andino,régimen de secreto empresarial [..]

Minvivienda amplía plazos de convocatoria para la región andina.
.modifica la circular 0004 de 22 de septiembre de 2025.a través de acto administrativo de modificación, la entidad competente reformó la circular 0004 del 22 de septiembre de 2025, relativa a la convocatoria abierta en las modalidades i (gestión social) y iii (gestión asociada) en la región andina (antioquia, boyacá, caldas, cundinamarca, huila, quindío, risaralda y santander). la decisión se fundamentó en los principios de igualdad, transparencia y concurrencia del artículo 209 de la constitución, así como en el marco del decreto 0413 de 2025, con el fin de evitar que factores técnicos o de conectividad afecten la pluralidad de oferentes y la libre competencia dentro del proceso de subsanación documental. en consecuencia, mediante la adenda 3 se amplió el plazo para la presentación de subsanaciones, sin modificar los requisitos, criterios o condiciones previamente definidos en la convocatoria, preservando así la seguridad jurídica del proceso. documento disponible al público a partir del mes de enero de 2026. temas: cronograma de actividades,proceso de convocatoria [..]

La sala reiteró que la caducidad no es una traba al acceso a la justicia, sino una carga procesal necesaria para garantizar la seguridad jurídica y el orden social.
.falla en la prestación del servicio médico asistencial - daño neurocerebral por asfixia neonatal.la sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2017 del tribunal administrativo de santander, en un caso de presunta responsabilidad por daños ocasionados a una menor durante su nacimiento. antes de abordar el fondo del asunto —relativo a una supuesta negligencia médica que habría causado asfixia neonatal y secuelas neurológicas permanentes— el consejo de estado analizó si el medio de control de reparación directa fue ejercido dentro del término legal. tras verificar la ocurrencia del daño y la fecha en la que los demandantes tuvieron pleno conocimiento del mismo (25 de julio de 2013), la corporación estableció que el término de dos años previsto en el artículo 164 del cpaca vencía el 27 de julio de 2015. si bien la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 21 de julio de 2015 suspendió el conteo, este se reanudó el 6 de octubre de 2015, con un remanente de siete días calendario para demandar, lo que fijaba como fecha límite el 13 de octubre de 2015. no obstante, la demanda fue radicada el 14 de octubre de 2015, cuando el término ya había expirado, sin que se acreditaran circunstancias que justificaran una contabilización diferente o que hubieran impedido a la parte actora actuar oportunamente. con fundamento en lo anterior, el consejo de estado revocó la decisión del tribunal y declaró de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa. revocar. c.p. nicolás yepes corrales. documento disponible al público a partir del mes de enero de 2026. temas: falla en la prestación del servicio médico,caducidad del medio de control [..]