¿Es viable jurídicamente para una prestadora de servicios públicos domiciliarios en su condición de acreedora, que proponga un agente especial dentro del marco de un proceso de intervención de toma de posesión por la SSPD con fines liquidatorios, condonar un porcentaje del capital allegado como acreencia al proceso, sin vulnerar la Ley 142 de 1994?

¿Las fiscalías locales, los juzgados ordinarios o administrativos el deber de sustanciar los procesos de servicios públicos?

¿La entrega de los estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural de que trata la Ley 397 de 1997 son objeto de la expedición de factura de venta o documento equivalente?