Declaran la terminación y archivo de la indagación preliminar adelantada contra Juez Segundo de Ejecución Civil Municipal de Cúcuta y la Juez Séptimo Civil Municipal de Cúcuta, debido a que operó el fenómeno de la caducidad de la acción disciplinaria.

¿En qué forma pueden ser trasladados algunos costos a los usuarios a través del Componente del Cargo de Comercialización?

¿Acuerdos de pago se pueden ejecutar entre el prestador y los usuarios del servicio público?

Sala no encuentra probada la indebida destinación de dineros públicos por parte de Concejal demandada, en los términos señalados por el demandante.

Demandante aportó los elementos probatorios para acreditar la convivencia real, constante y permanente con la causante, por lo que tiene derecho al reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia

No es posible concluir que los demandados, hubieren sido responsables por los hechos que se les endilgan, pues la sola participación en el operativo que dio muerte a la víctima no resulta suficiente para acreditar la comisión de dicha conducta por parte de los demandados.

Rama Judicial no señaló las razones por las cuales debía revocarse el fallo de primera instancia, pues se limitó a enunciar las normas referentes a la acción de repetición.

Centro de Convenciones de Paipa es un bien de naturaleza fiscal, por lo que es sujeto pasivo del impuesto predial.

Ajustes realizados por la UGPP con respecto al cálculo de las vacaciones reportadas por la demandante; fueron realizados con la información reportada por esta última en el recurso de reconsideración.

Acto acusado no aplicó lo previsto en el Estatuto Tributario en cuanto a los términos de solicitud de devolución de pagos en exceso por concepto de impuestos.

Declaran improcedente acción de tutela promovida contra “el Despacho del Macro caso 07 de la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) y al que fueron vinculadas otras secretarias de la JEP, debido a que la accionante carece de legitimación en la causa por activa.

Al ser la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y la Procuraduría Regional del mismo departamento, dos autoridades con funciones jurisdiccionales, la Sala de Consulta del Consejo de Estado no es competente para resolver el conflicto de competencias presentado entre ellas.

Condenan a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la pensión de vejez con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años, aplicando una tasa de reemplazo del 90%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990.

Demandante no acreditó que sufragó 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, por lo que no es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común.

La accionante no alcanzó las semanas necesarias para acceder a la pensión.

Segunda instancia incurrió en violación directa de la ley sustancial al no arribar a la certeza más allá de la duda razonable de que los procesados hubieran sido cómplices en el delito de hurto calificado agravado.

Actuaciones de la parte accionada desconocieron la naturaleza del contrato de mandato al iniciar proceso de extinción de dominio al inmueble de la accionante.

Tutelan los derechos a la igualdad y a la educación de joven con diagnóstico de síndrome de Down, vulnerados por la Institución educativa donde adelanta sus estudios, debido a que se desconoció la garantía de acceder a una educación inclusiva que atendiera a su discapacidad.

Institución afectó los derechos de una menor de edad al permitir una situación que la puso como víctima de acoso.

Entidad accionada vulneró los derechos de la accionante al no registrarla como víctima de desplazamiento forzado de la violencia; no obstante, procedió con el registro luego de una larga tardanza

INPEC no puede limitar las visitas íntimas a la población LGTBI.

Sociedad demandante no demostró que el demandado hubiera incurrido en actos de competencia desleal.

Declaran la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el demandante con Aqua La Sabana S.A.S, y condenan al empleador al pago de prestaciones sociales y a la indemnización moratoria por despido injustificado.

Sentencia Condenan al Conjunto Cerrado Colina Campestre Numero 1 al pago de las prestaciones sociales adeudadas al trabajador demandante debido a que la suscripción de contratos inferiores a un mes no lo exonera del reconocimiento y pago de las mismas.

Actuaciones de la demandada no vulneran los derechos del demandante, debido a que se le siguió proceso previo a su despido.

SuperNotariado y Registro da alcance de la Instrucción Administrativa 8 de 2022, respecto de las medidas cautelares decretadas en el marco de los procesos de extinción de dominio.

Pretenden modificar parcialmente la Ley 30 de 1992, implementando mecanismos de democracia universitaria en los procesos de elección de los rectores de las universidades estatales, de las representaciones parte del Consejo Superior Universitario.

Presentan proyecto de ley por el cual se dictan disposiciones transitorias de indulto y amnistía en relación con la protesta social correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021.

Proponen crear el tipo penal de acoso sexual en espacio público.

Señalan el valor de los costos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales, el valor de los costos de mantenimiento de bosque natural asociados al proyecto de reforestación y se fija el incentivo por árbol, para el año 2023.

Ordenan el giro de recursos para cubrir subsidios por menores tarifas de energía eléctrica, generada a través de Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales, en las Zonas No Interconectadas –ZNI – causados durante el cuarto trimestre de 2021; primer trimestre de 2022; y pago parcial del segundo trimestre de 2022, con cargo al FSSRI.

Superintendencia Financiera de Colombia ordena la suspensión de captación de dinero del público que es llevada a cabo por un ciudadano.

Informe sobre la actualidad financiera a agosto de 2022.

Vehículo adscrito a la empresa SPECIAL SORVICE FRONTIERS S.A.S., fue encontrado prestando el servicio de transporte de personas, sin la documentación requerida por ley

Formulado pliego de cargos en contra de transportadora por el presunto funcionamiento sin los documentos legales exigidos.

Aceptan solicitud de Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados presentados por la Universidad Tecnológica de Pereira.

Valores de la Unidad de Valor Real.

Boletín Técnico de Índice de Precios del Productor (IPP) del mes de octubre de 2022.

En relación con los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente, ¿Las entidades pueden cambiar los métodos por: Media Geométrica con PO, Media Aritmética Alta?

¿Si una sociedad extranjera firma en su país de origen un contrato de compra de todos los activos de otra compañía, incluyendo la experiencia de esta, puede utilizar en los procesos de contratación estatal en Colombia esa experiencia?

Orientaciones respecto del marco regulatorio registro y autorización de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores.

¿Cuál es la diferencia entre vigilancia fiscal, la vigilancia permanente del recurso público y el control concomitante y preventivo?

Colombia firma acuerdos multilaterales sobre intercambio automático de información.

Procuraduría General de la Nación modifica el plazo para el diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).

Invima emite alerta sanitaria frente a lotes de cartuchos de reactivos Dimension Magnesium (MG) Flex que pueden presentar una imprecisión para el control de calidad (CC) y producir un indicador de ‘Reacción anómala’.

Borrador de decreto para regular los requisitos sanitarios para la elaboración y comercialización de Viche/Biche.

Secretaría Distrital de Ambiente realiza revisión y observaciones al Proyecto de Ley 123 de 2022 “Por el cual se prohíben las riñas de gallos y se dictan otras disposiciones”.

Posición de dominio en un mercado no es considerada por si sola una infracción a las normas de libre competencia.

¿Qué debe entenderse por acciones propias, para los efectos de establecer el alcance de lo dispuesto por el artículo 185 del Código de Comercio?