¿El recaudo del componente CMI que no se invierte, cómo se debe contabilizar?

¿Las consideraciones del Concepto 089685 de 2009 continúan vigentes independientemente de los cambios introducidos con el Decreto 358 de 2020 y la Resolución N° 000042 de 2020, respecto al documento soporte para la deducción del pago de regalías?

¿Cómo debe declararse la diferencia en cambio que se presente en la venta de criptoactivos en moneda extranjera?

En el marco del artículo 10 del Decreto 682 de 2020, ¿Es procedente la exclusión del IVA a inmuebles arrendados que no se enmarcan en el concepto de local comercial y cuyos arrendatarios no ostenta la calidad de comerciantes?

Quejosa no aportó pruebas que acreditaran que efectuó el pago de una suma superior por concepto de honorarios al abogado disciplinado, por lo que en aplicación del principio in dubio pro disciplinado se resolvió la duda en favor del abogado.

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no motivó los actos con los que canceló la licencia de funcionamiento de la sociedad demandante.

De acuerdo con el precedente jurisprudencial establecido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no es procedente ordenar el reconocimiento de los reajustes prestacionales derivados de la inclusión, de la prima especial de servicios sino de la bonificación por compensación.

Declaran infundado recurso de revisión promovido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso incoado contra la Empresa Colombiana de Gas ECOGAS S.A., y la Empresa Transportadora de Gas del Interior T.G.I.S.A, debido a que no se vulneró el debido proceso del recurrente.

La acción de reparación directa no se encuentra prevista para detectar las falencias de la administración de justicia sino para reparar un daño antijurídico, por lo que el incumplimiento de los términos para proferir las sentencias de tutela no generó un daño automáticamente considerado y no podría el juez de la reparación directa entrar a sancionar dicha situación.

DIAN no desestimó como prueba la contabilidad de la demandante, inclusive; la misma administración ni siquiera se pronunció en el acto que cerró la vía gubernativa.

El plazo de cinco años para presentar la solicitud de devolución y/o compensación de pagos en exceso o de lo no debido se contabiliza desde de la realización del pago, porque “es desde ese momento que se puede hablar de la existencia de un pago de lo no debido”.

Liquidación de la sociedad demandada se dio con posterioridad a la compra de aluminio solicitada por la demandante; por lo que no hay lugar al reconocimiento monetario solicitado por esta última.

Tribunal accionado omitió desatar de fondo el recurso de apelación frente a los reparos concretos formulados y sustentados ante el juez de primera instancia.

La UGPP es competente para adelantar las acciones de cobro de los aportes en mora de los afiliados a la EPS, con posterioridad al cierre del proceso de liquidación de las EPS, salvo en aquellos casos particulares en los que se hubiera celebrado acuerdos de pago entre el liquidador y los aportantes morosos, eventos en los cuales la competencia recae en la ADRES.

Demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional por parte de Electricaribe S.A.E.S.P, debido a que cumplió con 20 años de servicio y la edad es un requisito de exigibilidad del derecho.

La simple suscripción del formulario de afiliación a la administradora de fondos de pensiones, con la leyenda impresa de que el traslado se hace de manera libre y voluntaria, no demuestra que el afiliado conoce la incidencia que dicho cambio de régimen puede tener frente a sus derechos prestacionales.

Ni la Fiscalía, ni la defensa, ni el juez hicieron algo encaminado a solicitar la protección de los derechos del acusado, por lo que resultó condenado sin que se ordenara la práctica de pruebas orientadas a demostrar su teoría del caso

Hay elementos que hacen palmaria la existencia de la autonomía e independencia con que actuaba el demandante en el desarrollo de las labores que contrató con el demandado y que no conllevan a declarar la relación laboral entre las partes.

Amparan transitoriamente el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o intermedia de los accionantes, mientras se resuelven las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho incoadas contra la Alcaldía de Ábrego –Norte de Santander.

Acción de tutela solo propone un desacuerdo de criterio y en el plano meramente legal, en comparación con el adoptado por las autoridades judiciales accionadas.

Declarada la exequibilidad de la norma por la cual se reguló el trabajo en casa en situaciones ocasionales, especiales o excepcionales.

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, ¿Cómo se determina la vinculación o relación entre productos y servicios?

¿En qué consiste la legitimidad para actuar de las sociedades de gestión colectiva?

Prorrogan parcialmente la medida adoptada mediante Acuerdo No. PCSJA 20-11569 de 2020, mediante el cual se asigna trámite exclusivo del trámite de procesos penales relacionados con homicidios o violencia contra dirigentes sindicales.

Consejo Superior de la Judicatura delega la intervención en el trámite de las acciones de tutela en que la entidad sea vinculado.

¿Es viable suscribir convenio interadministrativo entre la Contraloría Municipal de Soacha en virtud de lo previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998?

¿Las estructuras de drenaje tipo Box culvert son susceptibles de ser tratados en los procesos de contratación como pliego tipo, incluso cuando no se estructuran dentro del proceso con infraestructura de transporte como construcción y mantenimiento de vías?

¿Si un integrante de una unión temporal cede su participación con un 89% de ejecución, se entiende en el numeral E, que el cedente que tuvo un 89% de ejecución y responsabilidad en la obra no se le reconocerá experiencia alguna?

Las empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta, ¿son sujetos de control fiscal?

¿La función de ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad, puede ser delegada completamente en un cargo del nivel profesional?

La elección popular atípica de un mandatario local y la eventual facultad para modificar el PDT vigente o presentar uno nuevo.

¿Sabe usted si se encuentra vigente la Ley 1616 de 2013, sobre salud mental?

Adicionan el Capítulo 16 al Título 9 de la Parte 2 del Reglamento Marítimo Colombiano número 4 (REMAC 4) “Actividades Marítimas” en lo concerniente a la adopción de la Resolución A. 1138(31), de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se establecen los Procedimientos para la Supervisión por el Estado Rector del Puerto”.

Establecen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, requerido para el trámite de licencia ambiental en proyectos de exploración de fuentes de energía geotérmica.

Modifican parcialmente el reglamento de Funcionamiento del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas.

Amplían el plazo previsto en el régimen de transitoriedad para el control metrológico.

G.C. INGENIEROS S.A.S. vulneró los derechos de la consumidora debido a que el inmueble que adquirió sufrió de fallas o defectos de acabados.

Extremo demandado incurrió en un incumplimiento en las condiciones de calidad en la prestación de los servicios contratados.

Empresa de Servicio Público de Transporte Automotor Especial Transportes Turísticos Suárez Osorio SAS, presuntamente habría prestado un servicio no autorizado, en una modalidad de servicio diferente.

Vehículo adscrito a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TANGUA COOTRANSTAN LTDA, fue hallado por las autoridades, prestando el servicio de transporte de pasajeros, con la documentación vencida.

¿Cuál es la viabilidad del reembolso de la prima en colocación de acciones sin que medie la disminución del capital de la que trata el artículo 145 del código de comercio colombiano?

Publicado resultados del PIB nacional para el 2021.

Colombia realizará tercera subasta de bonos verdes 2031 por $500.000 millones.

Medidas para el apoyo al talento deportivo y generar la reserva deportiva.

Definido el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta.

Incluidos entre los programas de prevención y protección los miembros del Consejo Nacional de Seguridad.

Adoptadas medidas para fortalecer el empleo juvenil.

Creadas las casas de refugio.

Emitida ley para promover la educación inclusiva.