Modifican la estructura del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Adición al decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para establecer lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.

Ministerio de las tic emite reglamentación para la exclusión del iva a servicios de educación virtual y software para desarrollo comercial de contenidos digitales.

Se fijan condiciones para realizar asociaciones público privadas - app en materia de patrimonio cultural sumergido.

Crean la comisión intersectorial para el aprovechamiento de activos públicos (caap).

Los contribuyentes del ica que hacen actividades de servicios deben pagar este impuesto en los municipios donde se preste el servicio.

Responsable de la contribución en los contratos de obra pública celebrados por áreas metropolitanas.

Asignación de viáticos en las empresas sociales del estado.

Competencia para determinar la escala de remuneración salarial en el nivel municipal.

El impuesto de industria y comercio se causa el 31 de diciembre de cada anualidad, con independencia de los plazos y condiciones para su declaración y pago establecidos por los municipios.

Debe evidenciarse la falta de quórum deliberatorio en la primera reunión con el fin de sustentar la procedencia de la reunión de segunda convocatoria.

Subsanación de la vulneración de derechos del consumidor no desaparece los hechos que dieron origen a la investigación administrativa.

No existe una prohibición absoluta en el tratamiento de los datos de los niños, niñas y adolescentes.

Condiciones para pactar cláusulas de permanencia mínima.

Pago de intereses en los procedimientos de cobro coactivo.

La prestación de servicios turísticos en viviendas del régimen de propiedad horizontal.

Los alcaldes tienen competencia para imponer sanciones en materia de metrología legal.

La libertad de empresa en colombia no puede vulnerar las normas que regulan el uso del suelo en una ciudad.

Imposición de sanciones administrativas por desconocimiento del régimen urbano debe ser debidamente motivada por parte del funcionario competente.

La medida de demolición es aplicable para las infracciones urbanísticas existentes en área de aislamiento posterior.

Al alcalde le corresponde suspender la explotación de minerales sin título inscrito en el registro minero nacional.

Compatibilidad de la actividad minera con un proyecto vial.

Certificado del dane no es documento idóneo para definir la base gravable del iva en la venta de vinos, aperitivos, licores y similares.

Exención del impuesto de renta del artículo 206 del estatuto tributario no es trasladable a los fiscales de la fiscalía general de la nación.

Aplicación de la deducción de impuestos a la adquisición de bienes de capital.

Los recursos de la entidad deben contabilizarse teniendo en cuenta si va a continuar funcionando o no en periodos futuros.

El impuesto pagado por adquisición de propiedades no es recuperable ni reembolsable para la entidad.

Competencia para adelantar el trámite del control fiscal micro y el proceso administrativo sancionatorio fiscal que se derive.

Presupuestos para que proceda la suspensión de funcionarios en atención al principio de la verdad sabida y buena fe guardada.

Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público.

La entidad estatal debe revisar la coherencia entre la oferta económica y su presupuesto disponible para proveer el servicio.

Las entidades estatales no están obligadas a solicitar ningún tipo de garantías en los convenios interadministrativos que se adelantes mediante la modalidad de selección de contratación directa.

Estos son los temas que el congreso abordará durante la semana del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2017.

El término de prescripción de la obligación de pago por concepto de costas y agencias en derecho es de tres años ante la jurisdicción ordinaria laboral.

Solo se puede otorgar la reparación del daño causado cuando se allegan las pruebas que demuestran la configuración del mismo.

Corresponde al demandante demostrar el nexo de causalidad entre la actuación del encartado y el perjuicio sufrido.

La caducidad de la facultad sancionatoria en las actuaciones administrativas.

La acción de tutela resulta improcedente para reclamar la reactivación de la personería jurídica de un movimiento o partido político.

No se puede trasladar la carga de la negligencia, desidia o descuido del apoderado judicial o de la representante legal de una menor de edad. 

Análisis que el juez constitucional debe efectuar cuando se busca la obtención de la prestación económica derivada de un auxilio por incapacidad laboral. 

Corte puede modificar oficiosamente la sentencia en caso de evidenciar vulneración de derechos del procesado.

Gobierno recibe concepto favorable para extraditar a ciudadano requerido por los estados unidos de américa.

Solo es posible que la ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima.

La falta de aplicación de la ley constituye en materia del recurso extraordinario de casación, infracción directa, cuando proviene de ignorancia de la norma o de rebeldía contra ella.

Si la lectura del texto convencional se distancia de lo que razonablemente cabe entender, perfectamente la corte puede proceder a su rectificación.

Solicitud de impuestos descontables no debe presentarse solamente dentro del mismo año gravable en que se adquieren los bienes.

No toda actuación desplegada por algún miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley se puede calificar de terrorista. 

Al tener conocimiento de las amenazas contra la vida del ciudadano es deber del estado implementar las medidas necesarias para brindarle protección.

El solo estado de embriaguez no conlleva a la inimputabilidad del sujeto. 

La prima de alta gestión y la prima técnica automática no constituyen factor salarial.

Al interponer acciones legales el abogado debe adelantar todas las gestiones necesarias para defender los intereses de su representado.

El profesional del derecho tiene la responsabilidad de conservar una conducta acorde a las leyes que rigen su actividad.