Cursa trámite legislativo proyecto para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública.

Buscan crear la lista ser pilo paga vinculada a la comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio público como medida anticorrupción.

Congreso de la república debate proyecto para la mejora del servicio de atención en salud.

Se emiten cambios en la reglamentación de operaciones por canales electrónicos de las entidades autorizadas a recaudar.

La dian establece grupo de obligados y condiciones de entrega de la información establecida en el decreto 731 de 2017.

Se emite circular para traslado y reporte de recaudo de impuestos nacionales.

Las disposiciones sobre la renta líquida cedular en las rentas de trabajo no puede aplicarse de manera retroactiva.

El iva en los contratos que son objeto de reajuste con base en el ipc.

Calificación de entidades sin ánimo de lucro solo puede hacerse cuando exista el reglamento pertinente expedido por el gobierno.

Parámetros a tener en cuenta para determinar la solvencia financiera del operador económico autorizado.

Expiden la reglamentación técnica asociada al otorgamiento de la licencia para la producción y fabricación de derivados de cannabis.

Instrucciones para que las cajas de compensación familiar identifiquen y reporten el uso de recursos en aplicación del artículo 36 de la ley 1837 de 2017.

Modifican la sectorización de los sujetos de control fiscal y fijan la competencia para ejercer la vigilancia y el control fiscal de las contralorías delegadas sectoriales.

Para efectos de determinar si hay lugar a endilgar responsabilidad fiscal, no basta con que exista una conducta dolosa o culposa y un daño patrimonial.

En caso de existir póliza es deber del funcionario convocar al proceso de responsabilidad fiscal a la aseguradora.

Condiciones de uso de los dispositivos de espacios en blanco.

Comunidad andina deniega registro de norma sanitaria.

Aeronáutica civil actualiza las tarifas por derechos de pista para vuelos nacionales e internacionales en el aeropuerto del dorado de bogotá.

Existe una metodología por parte de la creg para la determinación de los costos máximos que deben aplicar los municipios para remunerar a los prestadores del servicio público de alumbrado público.

El impuesto de alumbrado público tiene destinación específica.

Con el fin de facilitar las operaciones de exportación se establece la eliminación gradual de la presentación física de la carta de responsabilidad.

El pib registra un crecimiento del 1,3% en el segundo trimestre de 2017.

Proveedor del producto tiene el deber de atender el requerimiento del cliente por concepto de la garantía del bien adquirido.

Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad basta con demostrar el defecto del producto.

Cancelación parcial por no uso de la marca en el mercado.

Entidades sin ánimo de lucro tienen la obligación de inscribirse y renovar su registro mercantil.

Tarifas de parqueaderos también son aplicables a aquellos ubicados dentro de un predio cuyo destino exclusivo sea el servicio de estacionamiento.

Competencia para adelantar actuaciones administrativas por infracción al régimen de obras.

Las circunstancias de agravación punitiva no pueden tenerse en cuenta si no se formulan en la acusación.

La parte demandante tiene el deber de comprobar la configuración del daño por indebida práctica médica del centro de salud.

Decisiones tomadas en las reuniones del máximo órgano social que no cumplen los requisitos legales son ineficaces sin que se requiera sentencia judicial que lo declare.

Cuando se alega un despido con ocasión de la limitación de un trabajador, es al empleador a quien le corresponde demostrar que aquél tuvo como fundamento motivos distintos.

No es de recibo interponer obstáculos que impidan el acceso a los servicios de salud, y por consiguiente, la materialización de esta derecho fundamental.

Omitir el análisis de pruebas y no decretar una que de haberse valorado cambiaba evidentemente la decisión final dentro de un proceso administrativo, configura un defecto fáctico.

Juez de conocimiento tiene la facultad de casar oficiosamente cualquier error detectado en el proceso, a pesar de no ser solicitado por alguna de las partes.

Corte suprema de justicia emite concepto de extradición de ciudadano solicitado por la república de argentina.

En caso de convivencia simultánea del causante con la cónyuge y compañera permanente, esta última es también beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

Un cargo en casación carece por completo de proposición jurídica cuando en él no se denuncia violación de alguna norma de carácter sustancial.

La ley 100 de 1993 solo establece un reajuste mensual de la pensión equivalente a la diferencia entre el valor de la cotización para salud que venían pagando los pensionados y la que regiría como consecuencia del nuevo régimen.

No es suficiente que un medio probatorio se encuentre en el expediente para que tenga influencia en la decisión proferida.

Imposición de sanciones por infracción al régimen urbano debe respetar el principio de congruencia.

La demolición se debe imponer cuando la construcción en su integridad definitivamente no es legalizable.

Autoridades municipales solo pueden fijar tarifas del impuesto predial acorde a los límites fijados por las normas nacionales.

Sanciones a funcionarios públicos pueden ser descontadas de su salario.

Efectos de la disolución y liquidación de sociedades.

Responsabilidad administrativa de la nación en accidentes de tránsito causados por indebido mantenimiento de la vía.

Los actos que pretenden el cobro de contribuciones parafiscales solo pueden ser demandados ante el juez administrativo.

La pensión de jubilación y la de invalidez no son compatibles, toda vez que se trata del reconocimiento de dos prestaciones de carácter ordinario.

El desempeño de funciones docentes no se pueden adelantar mediante contratos de prestación de servicios.

El profesional del derecho tiene la responsabilidad de adelantar las gestiones pertinentes para garantizar la continuidad del proceso.

Es necesario que la cuantía definitiva del contrato esté consignada en moneda legal colombiana.

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deben estar inscritas en el registro único de proponentes.