Variación del índice de precios al consumidor a noviembre de 2016, según grupos y gastos básicos.

Banco de la república informa el valor de la uvr para el periodo del 16 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 2017.

Ministerio de hacienda hace público proyecto de decreto para reglamentar todo lo relacionado con el ajuste del costo de activos para determinar la renta o ganancia ocasional.

Ministerio de hacienda realiza colocación de títulos de tesorería de corto plazo por valor de $200 mil millones.

Comisiones conjuntas del congreso aprueban proyecto de ley de reforma tributaria estructural.

Se modifica la resolución 4678 de 2015, que adopta la clasificación única de procedimientos en salud (cups) en su anexo técnico 1 y se sustituye el anexo técnico 2.

Requisitos esenciales para la presentación de recobros por concepto de servicios de cuidador, prestados en cumplimiento de fallos de tutela que ordenan atención integral.

Modificación de los artículos 2 y 3 de la resolución 2359 de 2016 en relación con el resultado del valor coincidente de colpensiones y de la arl sura.

Minsalud y protección emite comunicado sobre feminicidio y violencia sexual contra yuliana samboni.

El ministerio de cultura efectúa modificaciones al plan especial de manejo y protección del sector antiguo de popayán.

Proyecto de ley busca declarar al municipio de santa cruz de mompox en el departamento de bolívar como distrito especial, turístico, cultural e histórico de colombia.

Se efectúa presentación de proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana urbana.

Cursa trámite legislativo iniciativa para adoptar medidas tendientes a democratizar el acceso a las especialidades médicas.

Se realiza apertura de contratación para terminar el túnel de la línea.

Aprobada reforma al sisbén para hacer justicia social y castigar a los tramposos.

Clases de liquidaciones que existen en colombia.

Solución de controversias societarias.

La entidad pública se encuentra en la obligación de resolver el recurso interpuesto dentro del término legal correspondiente, so pena de que se declare la pérdida de competencia para seguir conociendo el asunto.

Procuraduría general de la nación rindió su opinión sobre la ley 1754 de 2015 que reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a cristo rey ubicado en caldas.

Ministerio público emite concepto sobre demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 30 de 1992

Los signos formados por palabras de idioma extranjero que no hacen parte del conocimiento común, pueden ser registrados como marcas por parte de la autoridad competente.

Corresponde a la autoridad nacional determinar si la factura es un documento suficiente para contar con autorización para usar un programa informático.

La liquidación de tributos aduaneros debe efectuarse de acuerdo con el régimen legal vigente al momento de ingresar la mercancía al territorio aduanero nacional.

Para que el centro de convención y eventos goce de exclusión en cuanto a la aplicación de la renta presuntiva, se requiere que este sea inscrito en el registro único empresarial y social (rues).

Al ejecutar actos mercantiles las federaciones sin ánimo de lucro deben dar aplicación a las normas contenidas en el código de comercio.

Cuando las empresas sociales del estado modifiquen sus plantas de personal, no pueden desmejorar las condiciones salariales de sus empleados, como tampoco modificar la nomenclatura y clasificación establecida para tales cargos en el decreto 785 de 2005.

Derechos de los empleados de carrera administrativa en caso de supresión de cargos.

Es necesario sustentar en debida forma el recurso de casación, señalando los errores del fallador de segunda instancia, para que este pueda ser admitido por la corte suprema de justicia.

No es procedente alegar violación al debido proceso cuando el condenado tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas en su contra.

La sentencia c-792 de 2004 se limitó a proteger el derecho de impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.

La renuncia a términos que realiza el actor no implica que quede en firme de modo automático el acto administrativo discutido.

En las auditorías no es procedente vincular a terceros, al tener estas como objetivo simplemente determinar la existencia de hallazgos fiscales en la entidad auditada.

La existencia de otros medios que permiten exigir la protección de derechos impide al ciudadano interponer la tutela ante el juez competente.

Corrección y adición de las sentencias.

La indemnización por perjuicios morales que se reconoce a quienes sufren un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria.

La culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al estado en la producción del daño.

Tratándose del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a favor de un docente oficial, resulta necesario verificar el momento de su vinculación al servicio para efectos de determinar el régimen pensional aplicable.

La pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional.

En el contrato de prestación de servicios, el derecho reclamado surge solamente desde el momento de la ejecutoria de la sentencia que constituye el contrato realidad a favor del contratista.

Es necesario que el juez analice la capacidad económica del paciente cuando este pretende que le brinden servicios de salud no incluidos en el pos.

La vulneración del derecho a la vida digna también se configura cuando la entidad para la cual trabaja el afectado se niega a practicar los diagnósticos necesarios para determinar anomalías en su salud.

La entidad requerida se encuentra en la obligación de emitir respuesta al derecho de petición dentro del término que haya señalado la ley para el efecto.

Ninguna de las tres medidas sancionatorias que se excluyen como consecuencia del proceso de formalización minera (decomiso, suspensión de la actividad y persecución penal), constituyen un sacrificio en desmedido o en exceso en relación con el deber de protección del medio ambiente.

Corte constitucional declara exequibilidad del artículo 17 de la ley 1393 de 2010.

Las limitaciones a la libertad de empresa, propias de la tipificación del delito de favorecimiento y facilitación del contrabando, no son inconstitucionales, ya que no anula la libertad económica, sino que la encausa hacia el interés general y la legalidad.