Texto de la sentencia que declara la existencia de contrato de trabajo realidad entre el instituto colombiano de bienestar familiar y 106 madres comunitarias, con el consecuente reconocimiento de sus derechos prestacionales.

Cuando se reclama el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez como consecuencia de una enfermedad crónica, congénita y/o degenerativa, la entidad encargada debe tener en cuenta que en estos casos la pérdida de la capacidad laboral es paulatina y progresiva.

Por regla general la acción de tutela no es procedente en los procesos de restitución de tierras.

La corte constitucional ha hecho énfasis en la obligación a cargo de los empleadores de afiliar a sus trabajadores a alguna entidad de seguridad social y pagar oportunamente las cotizaciones respectivas.

El sector de la defensa está entre los de más bajo riesgo de padecer la corrupción: presidencia de la república.

Presidente santos afirma que nuevo acuerdo de paz garantiza seguridad jurídica a integrantes de la fuerza pública.

La inexequibilidad del plan de desarrollo impide la continuación de los contratos de concesión minera en las zonas de páramo.

Para poder solicitar un contrato de concesión minera sobre un área es necesario que no exista superposiciones de solicitudes o títulos.

Comisión de regulación de energía y gas emite modificaciones a la resolución 081 de 2014.

Se adiciona el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional en lo que hace referencia al fondo empresarial.

Manejo contable de las utilidades durante el año de transición a niif.

Superintendencia de puertos y transporte emite instrucciones relacionadas con el registro de operadores portuarios.

Parámetros para el reporte de la información que los terminales de transporte deben presentar ante la superintendencia de puertos y transporte con relación a los despachos realizados.

La dian fijó el valor de la unidad de valor tributario (uvt) para la vigencia fiscal 2017.

La importación de vehículos acordes con las limitaciones físicas e incapacidades permanentes para rehabilitación del personal de la policía no se encuentran gravados con arancel.

Regulaciones del nuevo estatuto aduanero referentes al agente aduanero no entrarán en vigencia hasta que se expida la reglamentación por parte de la dian.

Reporte operacional de vuelos fue publicado por la aerocivil.

Proyecto busca asociar a la nación a la celebración de los 51 años de la escuela de nutrición y dietética de la universidad de antioquia.

Cursa trámite legislativo iniciativa para garantizar la continuidad en el acceso a la prestación del servicio de salud.

La invención solo goza de nivel inventivo siempre que represente algo más allá de la simple aplicación de conocimientos por alguien medianamente formado en la materia.

En el régimen contributivo el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por incapacidad de origen común, licencia de maternidad y paternidad a los servidores públicos se liquida y paga conforme al ibc del último período de cotización.

La resolución 1403 de 2007, por la que se determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico y se adopta el manual de condiciones esenciales y procedimientos, fue expedida con fundamento en el artículo 18 del decreto 2200 de 2005, íntegramente reproducido por el 780 de 2016.

Determinación de las cuotas de fiscalización a cargo de las contralorías departamentales.

Los lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que se crean entre padres e hijos de crianza son circunstancias de hecho que no se encuentran ajenas al derecho.

Por primera vez en colombia trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico recibirán prima de servicios.

Requisitos constitucionales para acceder a las pretensiones de una tutela interpuesta fuera del término definido por la jurisprudencia.

Seis meses es el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencia judicial.

El requisito de inmediatez de la tutela en contra de sentencias judiciales opera desde que la providencia proferida queda en firme.

La interposición de la tutela debe hacerse en el menor tiempo posible so pena de su rechazo por el juez constitucional.

La corte no puede entrar a llenar los vacíos existentes en el recurso de casación interpuesto.

No es procedente declarar la responsabilidad del investigado en la comisión del delito, cuando hay serias falencias respecto de su participación en la conducta punible.

Siempre que los indicios sean claros es procedente decretar la responsabilidad del investigado en la comisión del delito.

Los intereses moratorios resultan improcedentes en casos en los que se debate el derecho a la pensión de sobrevivientes fundado en la ausencia del requisito de fidelidad al sistema previsto en el artículo 12 de la ley 797 de 2003.

La jurisprudencia de la corporación proclama la imposibilidad física y jurídica de reintegrar a un trabajador en los eventos en que se está en presencia de la liquidación de una empresa estatal.

La sanción impuesta al empleador moroso a la luz de lo estatuido en el artículo 65 del c.s.t. tiene como causa la ausencia injustificada del pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales.

El acto administrativo que decreta la desvinculación de oficiales de la policía se presume ajustada a derecho y no requiere de motivación, siempre que exista concepto previo de la junta asesora del ministerio de defensa.

Al no probar la omisión en la cual incurrieron los agentes estatales, resulta improcedente decretar la responsabilidad administrativa de la nación por los presuntos daños causados.

Es deber del juez decretar la indemnización al trabajador en caso de no ser posible su reintegro a la entidad demandada.

Respecto de la acción de tutela en contra de sentencias judiciales es necesario demostrar la omisión en la aplicación de la ley por parte del juez.

Los daños producidos por la prolongación de la restricción de la libertad de una persona, son producto de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y no de una privación injusta de la libertad.

Respecto del requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el estado, la sala ha explicado que se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos.

La prosperidad de la causal de anulación del laudo arbitral por el fallo en conciencia requiere demostrar que el laudo se apartó del derecho y que esa circunstancia se encontró de manifiesto en la decisión.

Para efectos de determinar si en una investigación disciplinaria se incurrió en vulnerción del principio non bis in ídem, se requiere que en un proceso posterior existe identidad de sujetos, objeto y causa.

Término a partir del cual la entidad pública debe reconocer la sanción moratoria por no pago oportuno de las cesantías definitivas.

Estándares de cobro persuasivo de las contribuciones parafiscales de la protección social fijados por la ugpp no violan normas superiores relacionadas con su cobro coactivo y/o judicial, ni los principios de eficiencia, eficacia, economía y celeridad.

El fiscal debe garantizar la preservación e integridad del expediente penal a su cargo.

Se impone sanción disciplinaria a ex juez administrativo del circuito de quibdó.

Consejo superior de la judicatura impone sanción disciplinaria en contra de abogado por emitir pronunciamientos falsos en un proceso de demanda por alimentos.

Una de las más importantes consecuencias de una descertificación es que el municipio respectivo no podrá administrar los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones.

Si la recolección de aguas residuales no se realiza por medio de ductos, no se estaría en presencia de un servicio público domiciliario.

La desaparición de los hechos que originaron la infracción urbanística obliga a la autoridad competente a decretar el archivo de la investigación.

La omisión en la citación del infractor para comparecer genera la nulidad del procedimiento administrativo por desconocer el derecho a la defensa.

De conformidad con el parágrafo del artículo 7 de la ley 1480 de 2011, todos los bienes y servicios que se comercializan en el país deben contar con una garantía, independientemente de que se hayan puesto en circulación en el mercado mediante ofertas o promociones.

Metodología para regular precios de medicamentos en situaciones excepcionales en las que se haya declarado el interés público.

Medidas para el mejorar el ordenamiento del tránsito en las vías públicas de todo el perímetro del distrito capital.