Crearan régimen de inhabilidades para delincuentes sexuales, que atacaron a menores de edad.

Corte constitucional reitera el alcance de la prohibición para el juez de segunda instancia de agravar la pena impuesta por el inferior en su decisión.

Al existir cosa juzgada no puede el juez nuevamente estudiar un asunto que es sometido a acción publica de inconstitucionalidad.

La comisión de delitos que desconocen normas de superior categoría por parte de miembros de comunidades aborígenes, no pueden ser cobijadas por el fuero que la ley les reconoce.

Solo cuando se ha solucionado o superado el hecho que dio origen a la vulneración de derechos es posible decretar la terminación del trámite de tutela.

Jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer de controversias originadas en el sistema de seguridad social integral.

Los artículos 42, 43, 45 y 46 del acuerdo 010 de 2006 no desbordan las competencias otorgadas a la antv para efectos de establecer el régimen sancionatorio a los operadores, concesionarios y suscriptores del servicio de televisión.

La participación en la conformación o expedición de un concepto no es causal de impedimento, si el mismo nunca hizo referencia a las normas demandadas.

Modificaciones de la ley 1437 de 2011 respecto de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados.

Corporaciones públicas del nivel territorial carecen de competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de dicho orden.

Consejo de estado recuerda las consecuencias del traslado del régimen de prima media al de ahorro individual para los beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

A menos que las partes expresen algún reparo, el juez no puede desconocer la autenticidad ni el principio de buena fe de los documentos aportados al procedimiento.

Corresponde al demandante la carga de la prueba para demostrar su privación injusta de la libertad, en los procesos de reparación directa adelantados en contra del estado.

Pretensiones de reparación directa están llamadas a fracasar cuando no se allega oportunamente al proceso la prueba idónea y eficaz que sustenta los hechos de la demanda.

El juez constitucional no puede en la acción de tutela, usurpar la competencia que la ley le asigna a las entidades públicas demandadas.

La inmediatez es un factor determinante para poder admitir la tutela por parte del juez.

Administradoras no pueden negarse a reconocer el derecho pensional aduciendo para ello la mora del empleador.

Sala laboral de la corte suprema reitera que la indexación pensional procede incluso respecto de prestaciones extralegales.

Ningún sentido tiene anular el juicio en aras de restablecer garantías que apuntan al ejercicio pleno de la defensa, cuando este tiene como finalidad la declaratoria de inocencia, si lo actuado hasta entonces permite decidir en ese sentido.

A aquellos suboficiales que decidieron homologar al escalafón del nivel ejecutivo, se les debe aplicar el decreto 1091 de 1995 en su integridad.

Prima de riesgo otorgada a ciertos empleados del departamento administrativo de seguridad es factor para la liquidación pensional.

Existen circunstancias especiales que justifican el cambio de terna para elección del fiscal general, en aras de garantizar el interés general y obtener el fin último de la postulación.

Requisitos que deben comprobarse para acreditar la vulneración del derecho al mínimo vital.

En reiteradas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando es removida la causa vulneradora de derechos fundamentales no es procedente la acción de tutela por carencia de objeto.

Expedición de una clasificación aduanera por parte de la dian.

Visita de la directora del gerente del fondo monetario internacional, es muestra del buen manejo de la economía en colombia.

Prorrogado término para tomar decisión dentro de investigación por dumping en las importaciones de placas de yeso a méxico.