El ministerio de minas estableció nuevas políticas para el cálculo de la gasolina en algunos municipios de frontera.

Nuevas políticas preventivas frente a la producción de la gasolina.

Dian expide una clasificación arancelaria.

La dirección de impuestos y aduanas nacionales accede a solicitud de clasificación arancelaria.

Reglas de participación de las plantas no despachadas centralmente en el cargo por confiabilidad.

Obligatoriedad de probar la perturbación a la posesión de una propiedad privada.

El recurso de apelación no puede limitarse a expresar el desacuerdo con la decisión adoptada.

La decisión de cierre temporal del establecimiento comercial se hizo respetando los derechos del sancionado.

Las sanciones que se imponen sin un adecuado fundamento legal implican la vulneración de garantías constitucionales.

El representante legal debe acreditar tal calidad so pena de no poder intervenir en el proceso.

Cuando se trata de demostrar errores fácticos en torno a las pruebas, acorde con el desarrollo completo del cargo es menester desquiciar todos y cada uno de los fundamentos probatorios.

No es posible invocar el amparo constitucional como una alternativa en procedimientos legales y en procesos que aún se hallan en trámite y que brindan oportunidades y escenarios aptos para propender por los derechos de las partes.

El mecanismo constitucional ha sido instituido para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, pero no es una tercera instancia adicional.

Si el demandante renunció de forma voluntaria al ejercicio de los instrumentos judiciales procedentes no puede acudir en sede de tutela.

La indeterminación de la expresión “los ancianos”, resulta idónea para la finalidad perseguida por la ley, la cual no es otra que crear conciencia en la ciudadanía sobre la prevención de accidentes.

Adjudicación de sustitución pensional a los hijos.

La corte encontró que ningunos de los casos reseñados superaron el análisis de procedencia.

La valoración de la capacidad económica debe ser cualitativa y no cuantitativa; de manera que se debe analizar el concreto.

Las inversiones del 1% se realizarán en la cuenca hidrográfica que se encuentre en el área de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental.

Los actos acusados estuvieron motivados y no se violó el principio de confianza legítima.

¿cuál es el acto administrativo que se debe demandar cuando retiran del servicio a un servidor público?.

Luego de varios años, reparan los daños a un menor de edad que montaba su bicicleta en el municipio de cúcuta.

Luego de varios años, reparan los daños a un menor de edad que montaba su bicicleta en el municipio de cúcuta.

El juez no puede condenar en costas si no se encuentran debidamente probadas.

La estabilidad laboral reforzada también comprende a las personas en servicio social obligatorio.

La tutela no puede ser usada para revocar una sentencia que revocó previamente un recurso de la misma naturaleza.

Al demostrarse la cuantía del siniestro con ocasión del proceso, los intereses moratorios se deben pagar desde la fecha de lo ocurrido.

El derecho de petición debidamente contestado no puede ser protegido por vía de tutela.

La existencia de un hecho superado impide que el juez falle de fondo en la acción de tutela.

Las decisiones judiciales no pueden ser atacadas mediante el recurso de amparo, si estas no vulneran derechos fundamentales.

No es el tribunal el que debe pronunciarse sobre la incidencia de las conclusiones a las que llegue el juez natural.

Las autoridades administrativas no pueden negar los servicios de salud que requiera la ciudadanía.

Las declaraciones extraproceso protocolizadas en escritura pública siguen preservando su naturaleza procesal.

La sentencia de nulidad produce efectos retroactivos y, por ende, cada parte tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del negocio jurídico anulado.

Adoptan el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para bogotá.

Publicación y divulgación de información obligatoria requerida respecto de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

Definición de activos y pasivos en las normas internacionales de información financiera (niif).

Tratamiento contable de los bienes intangibles por parte de una empresa.

El contador público al asumir sus funciones debe tener en cuenta su propia experiencia profesional.

No es requisito esencial tener una factura para que el ingreso sea reconocido.

Los empleados públicos pueden optar por seguir trabajando para la entidad siempre que no lleguen a la edad de retiro forzoso.

Reconocimiento de la bonificación por servicios para empleados públicos del nivel territorial.

Es requisito que exista un acto administrativo confiriendo la comisión de servicios para que puedan reconocerse los viáticos.

El traslado de empleados amparados con el fuero sindical requiere de autorización judicial.

Tratamiento de los datos recolectados en los procesos de selección de personal.

El empleador debe hacer pública la existencia de la vacante de madre comunitaria.

Reporte de vuelos para el 17 junio de 2016.

Comité de seguridad de la veeduría distrital cambiará.

Los sitios de comercio en línea no pueden ofrecer seguros por cuenta propia.

Competencia de la superintendencia financiera para fallar pretensiones de indemnización de perjuicios.

Regulación normativa de los contratos forward en colombia.

No es esencial el requisito de exigir documento de identidad en los pagos con tarjeta débito.

El uso de elementos para destinarlos a marcas comerciales no puede implicar la afectación de derechos de terceros.

Las autoridades no se encuentran facultadas para resolver consultas relacionadas con situaciones particulares.

Las entidades sin ánimo de lucro deben inscribir sus establecimientos comerciales en el registro mercantil.

El actor se limitó a solicitar que se declare la nulidad del acto de elección de los representantes del sector privado al consejo directivo de la cdmb, sin identificar con precisión el acto demandado.

La existencia de delitos comunes cometidos por militares en servicio activo que sean ajenos a su actividad, no pueden ser cobijados por el fuero militar.

Los delitos cometidos fuera del servicio por miembros de las fuerzas militares son competencia de la jurisdicción ordinaria penal.